Nike Argentina S.A. c/ D.G.A. s/ recurso de apelación; expte. N° 17.319-A

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En Buenos Aires, a los 26 dí­as del mes septiembre de 2003, reunidos los miembros de la Sala “E”, Dres. Catalina Garcí­a Vizcaí­no, D. Paula Winkler y Gustavo A. Krause Murguiondo, con la presidencia del vocal nombrado en último término, a fin de resolver en los autos caratulados “NIKE ARGENTINA S.A. c/ D.G.A. s/ recurso de apelación”; expte. N° 17.319-A
I) Que a fs. 71/94 vta. Nike Argentina S.A., por apoderado, interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1856/02 dictada en el expediente N° ADGA 580.390/99, mediante la cual se confirmaran los cargos Nros. 950/99 y 951/99, con motivo de la confección de liquidaciones suplementarias por diferencia de tributos efectuadas en el mencionado expediente, por la aplicación de las medidas de salvaguardias definitivas establecidas en la forma de derechos especí­ficos mí­nimos por las Resoluciones 987/97 y sus modificatorias. Se refiere a los antecedentes de las medidas impuestas por la Res. 987/97 y sus modificaciones: Se refiere a los antecedentes de las medidas impuestas por la Res. 987/97 y sus modificaciones: las Resoluciones 811/93, 1696/93, 305/95, 103/96, 23/97, 225/97, 226/97 y 249/97, así­ como los decretos 2275/94 y 998/95. Efectúa una sí­ntesis del caso “Argentina – Medidas de Salvaguardia contra las imposiciones de calzado”. Destaca que conforme surge de las Resoluciones 987/97 y 512/98, que se encontrarí­an vigentes al momento de la oficialización de los despachos de importación en cuestión, ésta tendrí­an su base legal en la aplicación de la ley 24.425 y su decreto reglamentario 1059/96. Entiende que la determinación de la legitimidad de las medidas de salvaguardia establecidas a través de las Resoluciones del Ministerio de Economí­a deberá efectuarse mediante el análisis de su consistencia con las condiciones para aplicar una medida de salvaguardia a tenor del GATT 1994 y Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC. Destaca que los paí­ses que hayan ratificado el Acuerdo de Salvaguardia y sean miembros de la OMC sólo podrán aplicar medidas de salvaguardia conforme al procedimiento reglado en el Acuerdo y en la investigación desarrollada por la Argentina no se proporciona ningún fundamento jurí­dico para la aplicación de las medidas de salvaguardia definitivas impuesta por la Res. 987/97 y sus modificatorias, ni de cualquier otra medida de salvaguardia. Enumera las condiciones legales para aplicar una medida de salvaguardia, se refiere al Art. XIX del GATT 1994, el Art. 2 y 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias. Se explaya sobre el invocado incumplimiento del requisito previsto en el párrafo 1 a) del Art. XIX del GATT de 1994 y de los Arts. 2 y 4 del Acuerdo en lo referente al “aumento de las importaciones”, el “daño grave” y la “relación de causalidad”. Entiende que la Argentina no estaba autorizada bajo el Acuerdo de Salvaguardias, en cuya base fundamentó las medidas impuestas, a contabilizar las importaciones provenientes del Mercosur a los efectos de determinar el perjuicio y la causalidad, estando al mismo tiempo autorizada para excluir a los paí­ses miembros del Mercosur de la aplicación de las medidas de salvaguardia impuestas como resultado de la investigación. Considera que el art. 2.2 del Acuerdo implica que las salvaguardias deben imponerse sobre la base de la no discriminación sobre los productos provenientes de todas las fuentes, sin distinguir si son originarios de paí­ses miembros de la unión o de terceros paí­ses. Efectúa una diferenciación de las medidas de salvaguardia con respecto a otras medidas tales como los derechos antidumping y los derechos compensatorios. Estima que la medida de salvaguardia impuesta a través de la Res. 987/97 resulta inconsistente con los art. 2 y 4 del Acuerdo de Salvaguardias y XIX del GATT y que, por lo tanto, no puede servir como base legal para justificar las exigencias tributarias que le son reclamadas. Entiende que las medidas de salvaguardias adoptadas por la Argentina vulnerar en forma manifiesta las obligaciones asumidas internacionalmente en la OMC, art. XIX del Acuerdo del GATT, y especialmente en los Arts. 2 y 4 del Acuerdo de Salvaguardias, siendo claramente ilegí­timas por contrariar normas jerárquicamente superiores. Añade que, como consecuencia de esta ilegitimidad, los pagos exigidos por el servicio aduanero por aplicación de las Resoluciones del Ministerio de Economí­a 987/97 y sus modificatorias, constituyen exigencias tributarias sin causa, por carecer de fundamento jurí­dico en las normas en las cuales pretende fundarse. Considera que, en los términos del art. 1165 del C.A., este Tribunal resulta competente para expedirse sobre la ilegalidad de la Res. del M.E. 987/97 y modificatorias, tornándose inaplicables las medidas de salvaguardia por ella establecida y, por ende, puntualiza que se deben declarar improcedentes los cargos por liquidación suplementaria efectuados por el servicio aduanero (que dice haber garantizado en efectivo para evitar la contingencia de los intereses del 36% anual). Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución aduanera apelada, con costas. Peticiona, asimismo, que se ordene la liberación de las garantí­as en efectivo otorgadas, con más los intereses que resulten corresponder.
II) Que a fs. 103/109 la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Efectúa una somera reseña de las actuaciones y de los agravios vertidos por la actora. Indica que la Aduana ha cumplido con lo dispuesto por la normativa emanada del órgano competente, receptando los acuerdos internacionales sin vulnerar las negociaciones comerciales multilaterales, decisiones, declaraciones y entendimientos ministeriales. Cita el art. 11 del Anexo VII del Acuerdo aprobado por la ley 24.425 y afirma que la medida de salvaguardia cuestionada por la actora fue dictada por la Resolución MEYOSP N° 1696/93, mientras que el Decreto N° 998/95 se relaciona con el Decreto 2275/94, que faculta al Ministerio de Economí­a a introducir o retirar productos del régimen de excepción y tomar las medidas necesarias de salvaguardia de productos de fabricación nacional. Considera que al momento de realizar la actora la operación de autos el plazo de ocho años previsto en el citado art. 11 no se habí­a cumplido por lo que la recurrente no podrí­a pretender hacer valer decisiones ulteriores. Añade que al tiempo de deducir el recurso de impugnación se encontraba vigente la Resolución que imponí­a el pago de Derechos Especí­ficos Mí­nimos y cita jurisprudencia de este Tribunal y de la Sala 4 de la Excma. Cámara. Destaca que la determinación del D.I.E.M. en las operaciones de marras ha sido conforme a las pautas fijadas por la reglamentación vigente. Afirma que las liquidaciones practicadas se ajustan a derecho, resultando apropiadas y correctas. Ofrece prueba y solicita que se rechace la pretensión de la actora, con costas.
III) Que a fs. 113 se abre la causa a prueba, que es producida a fs. 158 de los ant. adm. A fs. 126 pasan los autos a alegar, haciendo uso de ese derecho la actora y el Fisco a fs. 130/134 vta. y 135/136, respectivamente. A fs. 138 se llaman autos a sentencia.
IV) Que a fs. 1 del expdte. CDGA N° 580390 obra el cargo N° 950 y a fs. 3 el cargo 951, referentes a los D.I. 1997 1 IC04 61734 y 67334, respectivamente. A fs. 8/11 vta. la actora interpone impugnación contra esos cargos. A fs. 34 luce un informe de la División Fiscalización y Valoración de Importaciones acerca de los motivos que dieron origen a los mencionados cargos, dando como fundamento la aplicación de la Resolución 987/97. A fs. 98/99 se glosa la liquidación por el cargo 950/99 y a fs. 100/101 la relativa al cargo 951/99. A fs. 109 obra el Despacho de Importación N° IC04 061734 B y a fs 110 el Despacho de Importación N° IC04 067334 D. A fs. 115/141 se agregan las Res. MEYOSP Nros. 226/97, 987/97, 512/98, 1506/98 y 837/98. A fs. 148/150 obra la Resolución N° 1856/02 apelada en la especie.
V) Que la suscripta abrió la causa a prueba a fs. 113 de autos a fin de cumplir con el principio amplio de admisibilidad probatoria y teniendo en cuenta que esta causa puede ser revisada por la Alzada, pero este Tribunal no puede expedirse acerca de la constitucionalidad o no de las Resoluciones MEYOSP 987/97 y 512/98 por vedarlo el art. 1164 del C.A., razón por la cual no se analizan los agravios relativos a las decisiones de organismos internacionales que habrí­an considerado ilegí­timas las medidas de salvaguardias adoptadas por nuestro paí­s (ver planteo de fs. 74/78 de autos), tampoco se examinan los fundamentos por los que la recurrente entiende que esas Resoluciones vulnerarí­an acuerdos internacionales, toda vez que su dictado se ha efectuado por la llamada delegación “impropia”, de modo que tienen el mismo carácter de las leyes cuya inconstitucionalidad no se puede declarar.
Que no puede prosperar lo argí¼ido por la actora a fs. 93 vta./94 en cuanto a las invocadas facultades de este Tribunal para declarar la ilegalidad de la Resolución MEYOSP 987/97 y modificatorias, en virtud de lo normado por el art. 1165 del C.A., ya que esta disposición se refiere a las atribuciones de este organismo jurisdiccional de “declarar , en el caso concreto, que la interpretación ministerial o administrativa aplicada no se ajusta a la ley interpretada”. En cambio, la citada Resolución MEYOSP 987/97 no comprende una mera interpretación ministerial, sino constituye un acto dictado por el conferimiento de atribuciones del Congreso de la Nación que le imprime el carácter de legislación delegada.
Que, en efecto, el art. 663 del C.A. (legislación de base) establece que el derecho de importación especí­fico debe ser establecido por ley, sin perjuicio de lo cual prevé supuestos en que faculta al Poder Ejecutivo a fijarlos, entre los que podrí­a encuadrarse la situación planteada; el derecho de importación especí­fico puede operar como derecho de importación único o bien como máximo, mí­nimo o adicional de un derecho de importación ad valorem (art. 662 del C.A.). Cabe señalar que el Poder Ejecutivo delegó esta facultad en el Ministerio de Economí­a y Obras y Servicios Públicos por el decreto N° 2752/91.
Que a esto se añade que surge de los Considerandos de la Resolución MEYOSP N° 987/97 que ésta fue dictada en uso de las facultades conferidas por la ley 24.425 y el art. 36 del decreto N° 1059/96 (B. O. 24/9/96). En la Resolución MEYOSP N° 512/98 también se invocan las facultades de la ley 24.425 y del decreto 1059/96.
Que la Corte Suprema ha sostenido que “ciertamente, el Congreso no puede delegar en el Poder Ejecutivo o en otro departamento de la Administración, ninguna de las atribuciones o poderes que le han sido expresa o implí­citamente conferidos, y que, desde luego, no existe propiamente delegación sino cuando una autoridad investida de un poder determinado hace pasar el ejercicio de ese poder a otra autoridad o persona descargándolo sobre ella”. Agregó que “existe una distinción fundamental entre la delegación de poder para hacer la ley y la de conferir cierta autoridad al Poder Ejecutivo o a un cuerpo administrativo, a fin de reglar los pormenores y detalles necesarios para la ejecución de aquélla, no pudiendo juzgarse inválido, en principio, el reconocimiento legal de atribuciones que queden libradas al arbitrio razonable del órgano ejecutivo, siempre que la polí­tica legislativa haya sido claramente establecida (Fallos, 270:42, consid. 8, y sus citas)” (CS, “Conevial SA”, del 29/10/1987, Fallos, 310:2193; la bastardilla es nuestra). En este último pronunciamiento, el alto tribunal, al analizar la ley 20.545, afirmó que “ejecutar una polí­tica legislativa determinada implica también el poder de dictar normas adaptadas a las cambiantes circunstancias, sobre todo en una materia que por hallarse tan sujeta a variaciones como la de que se trata, se estimó conveniente dejar librada al prudente arbitrio del Poder Ejecutivo, en vez de someterla a las dilaciones propias del trámite parlamentario”, concluyendo que tales normas “no importaron una delegación propia de facultades legislativas sino un ejercicio, condicionado y dirigido al cumplimiento de las finalidades queridas por el legislador, de una actividad normativa circunscripta a los lí­mites de la ley en la que encuentra su fuente (Fallos, 286:325)”.
Que la reforma constitucional de 1994 no ha previsto expresamente que, salvo “emergencia pública” el Congreso de la Nación pueda conferir atribuciones al Poder Ejecutivo dentro una clara y precisa polí­tica legislativa en cuanto a fijación de alí­cuotas, supresión de exenciones, etc. (que la doctrina suele llamar, a diferencia de la Corte Suprema, “delegaciones” o “delegaciones impropias”, aunque la Corte Suprema ha utilizado también esta última expresión –v.gr., “Cafés La Virginia SA”, del 13/10/1994; Fallos, 317:1282-). Sin embargo, la Corte Suprema no ha declarado la inconstitucionalidad de este tipo de delegaciones impropias con posterioridad a la referida reforma constitucional.
Que, además, corresponde destacar que el art. 3º de la ley 25.645 (BO, 9/9/02) expresamente aprobó “la totalidad de la legislación delegada dictada al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994”. En consecuencia, las atribuciones o delegaciones del art. 663 del C.A. subsisten en la actualidad.
VI) Que, a mayor abundamiento, cuadra señalar que el Art. XIX del GATT de 1947 que hizo suyo el GATT de 1994 contempla la posibilidad de que los Estados adopten “Medidas de urgencia sobre la importación de productos determinados”. El punto 2 in fine del citado artí­culo permite, inclusive, adoptar provisionalmente las medidas suspensivas “sin consulta previa, a condición de que ésta se efectúe inmediatamente después de que se hayan adoptado las medidas citadas”.
Que el art. 7 del Acuerdo sobre Salvaguardias, aprobado por la ley 24.425, posibilita a los paí­ses contratantes aplicar medidas de salvaguardia durante “el perí­odo que sea necesario para prevenir o reparar el daño grave y facilitar el reajuste. Ese perí­odo no excederá de cuatro años, a menos que se prorrogue de conformidad con el párrafo 2”. El art. 11, ap. 2, de ese Acuerdo se refiere a los requisitos para la eliminación progresiva de medidas de protección existentes a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo, lo cual obviamente reconoce su aplicación posterior a tal fecha.
VII) Que, por otra parte, la actora no ha realizado una crí­tica concreta y razonada de las liquidaciones practicadas por la aduana, que se fundaron en que por cada uno de los despachos de importación se multiplicó “la unidad de medida (Par), por el DIEM que la citada Resolución [MEYOSP 226/97] fija para las Posiciones Arancelarias declaradas en cada í­tem, el cual se restó del Derecho Ad Valorem abonado en cada caso por el interesado”, de modo que la diferencia en los derechos a abonar generó un aumento en la Base IVA, respecto de la cual se calculan los restantes tributos (IVA, IVA adicional y percepción del impuesto a las ganancias (ver informe de fs. 158 de los ant. adm.).
VIII) Que no ha lugar a la liberación de la garantí­a que requiere la apelante a fs. 94 vta., atento a la forma en que voto el presente, a lo cual se agrega que el pronunciamiento no se encuentra firme
Por ello, voto por:
1°) Confirmar la Resolución DEPLA DVI N° 1856/02 del Sr. Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros. Con costas.
2°) No ha lugar a la liberación de la garantí­a que requiere la apelante a fs. 93 vta.
3°) Intí­mese a la recurrente a que, dentro del plazo de 5 dí­as, acredite el pago del saldo de la tasa de actuación prevista en la ley 22.610 y modif. por la determinación tributaria recurrida, bajo apercibimiento de que la Secretarí­a General de Asuntos Aduaneros le libre certificado de deuda.
La Dra. Winkler dijo:
Que adhiero al voto precedente.
El Dr. Gustavo A. Krause Murguiondo dijo:
Que adhiere en lo sustancial al voto de la Dra. Garcí­a Vizcaí­no.
De conformidad al acuerdo que antecede, por unanimidad, SE RESUELVE:
1°) Confirmar la Resolución DEPLA DVI N° 1856/02 del Sr. Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros. Con costas.
2°) No ha lugar a la liberación de la garantí­a que requiere la apelante a fs. 93 vta.
3°) Intí­mese a la recurrente a que, dentro del plazo de 5 dí­as, acredite el pago del saldo de la tasa de actuación prevista en la ley 22.610 y modif. por la determinación tributaria recurrida, bajo apercibimiento de que la Secretarí­a General de Asuntos Aduaneros le libre certificado de deuda.
Regí­strese, notifí­quese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archí­vese.