Desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) emitieron este viernes (31.03.2023) un comunicado mostrando su rotundo rechazo al incremento de la carga impositiva sobre las importaciones a partir de la Resolución General Nro.5339/2023, publicada días atrás.
La medida de Afip suspende hasta fin de año la aplicación de los certificados de no percepción por parte de la Dirección Nacional de Aduanas, lo que implicará el cobro de percepciones de IVA e Impuestos a las Ganancias sobre operaciones que hasta ahora estaban excluidas por tener los contribuyentes en cuestión saldos a su favor en dichos tributos.
«La norma abarca a casi la totalidad de los importadores que habían tramitado y obtenido los certificados mencionados, dado que solo se excluyen a micro o pequeñas empresas, a las operaciones por cuenta y orden del Estado, y a aquellas exentas de impuestos nacionales por la ley de Presupuesto 2023», indicaron en el comunicado.
Y aseguraron que «el costo en términos de desvalorización de las sumas que sean percibidas por el fisco hasta la oportunidad de su cómputo –tanto considerando los guarismos inflacionarios actuales o las tasas de interés de mercado– implica que buena parte de la actividad importadora de nuestro país sufrirá de facto un incremento sustancial en la ya muy elevada presión fiscal que soporta».
Como reiteradamente alertó la CAC –y como es de público conocimiento–, las compras externas de la Argentina registran significativas restricciones de diversa índole, que no solo afectan negativamente a las firmas directamente involucradas, sino que también perturban el normal desarrollo de múltiples ramas del quehacer económico nacional.
Según la comunicación del sector mercantil, tal situación conjugada con otras tantas dificultades que lamentablemente nuestro país arrastra desde hace tiempo, «daña severamente a numerosas empresas, particularmente a las pymes, e impactan de manera adversa en los niveles de actividad y empleo«, manifestaron.
De esa manera, la entidad que preside Natalio Mario Grinman agrega que, amén de causar el perjuicio económico y financiero señalado, «la norma mencionada podría vulnerar derechos de rango constitucional como lo son los de propiedad, capacidad contributiva y garantía innominada de razonabilidad.
Así como por la lesión a la seguridad jurídica que implica, la CAC expresó su malestar y aboga por «una pronta derogación» de la Resolución en cuestión.
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