Por iniciativa de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el miércoles 1 de julio se llevó a cabo el V Encuentro del Consejo de Asociaciones Empresariales Sudamericanas por el Comercio Lícito. En su carácter de presidente pro tempore del foro, la entidad fue sede del encuentro, que reunió a altos funcionarios, empresarios y especialistas de distintos países de la región para analizar estrategias conjuntas frente a un fenómeno que afecta la economía formal, la recaudación tributaria y la seguridad.
Durante la apertura, el presidente de la CAC, Natalio Grinman, enmarcó la problemática del contrabando en una perspectiva histórica y sostuvo que, aunque sus modalidades han evolucionado, mantiene una lógica estructural que hoy se manifiesta a través del contrabando, la falsificación, el fraude marcario, el comercio informal y la evasión fiscal. Recordó además que Argentina posee más de 9.300 kilómetros de fronteras terrestres, una extensión que complejiza las tareas de control.
Asimismo, advirtió sobre el impacto del comercio electrónico y las plataformas digitales, y cuestionó prácticas como la subfacturación y las importaciones a valores irrisorios, a las que definió como «distorsiones que afectan la competencia leal». Finalmente, destacó la necesidad de fortalecer los controles, la institucionalidad y la cooperación entre el sector público y el privado, subrayando el rol estratégico de la Aduana.
A continuación, el subsecretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto, reafirmó el compromiso del Gobierno nacional en la lucha contra el comercio ilícito. Durante su intervención, sostuvo que el contrabando y el comercio ilícito constituyen una de las principales fuentes de financiamiento del narcotráfico, la trata de personas y el lavado de activos.
Entre las principales acciones destacó el Plan Güemes, implementado en Salta desde diciembre de 2024, que permitió incrementar un 19 % las intervenciones operativas durante los primeros meses de 2026. En ese período se controlaron 766.000 personas y 520.000 vehículos, además del secuestro de 265.000 prendas de vestir, 376.000 unidades de mercadería y 282.000 cartones de cigarrillos.
También mencionó el Plan Guacurarí, en Misiones, donde la presencia de fuerzas federales aumentó un 30 %, junto con mayores controles e incautaciones, sin registrarse homicidios vinculados al sicariato desde octubre del año pasado. A ello sumó el Plan Paraná, desarrollado en Chaco y Corrientes, que reforzó los controles y permitió incrementar las incautaciones de indumentaria, productos electrónicos y autopartes.
El funcionario destacó además la implementación del Protocolo Antibloqueos (Resolución 901/2024), aplicado en 249 intervenciones sobre sectores estratégicos como hidrocarburos, puertos, agroindustria, transporte y la industria automotriz.
Según explicó, la estrategia del Ministerio se basa en la presencia territorial, la inteligencia criminal y la coordinación entre organismos. «No puede haber desarrollo sin seguridad, ni seguridad sin desarrollo», afirmó.
Políticas públicas y fortalecimiento de los controles
El primer panel reunió a más representantes del Gobierno nacional, la Dirección General de Aduanas (DGA) y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quienes expusieron las principales políticas públicas para enfrentar la problemática desde distintos ámbitos de actuación.
Así, el subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Fernando Blanco Muiño, remarcó la necesidad de sostener políticas de largo plazo y profundizar la coordinación entre la Nación, las provincias y los municipios. También subrayó que el Estado debe adaptarse al crecimiento del comercio electrónico y fortalecer el trabajo conjunto con el sector privado para detectar irregularidades, promoviendo una normativa «aplicable y realista».
En representación de la Dirección General de Aduanas, Diego Figueroa explicó que el organismo atraviesa un proceso de transformación basado en tres ejes: simplificación normativa, modernización tecnológica y fortalecimiento del control aduanero. Entre los principales desafíos mencionó la actualización de la infraestructura tecnológica, la incorporación de herramientas de inteligencia artificial, la modernización del sistema informático Malvina y la necesidad de avanzar en una reforma del Código Aduanero.
Asimismo, destacó el fuerte crecimiento del comercio electrónico y de la operatoria courier, que pasó de unos 300.000 envíos mensuales a aproximadamente 1,6 millones de paquetes por mes, lo que obliga a perfeccionar los sistemas de gestión de riesgo y selectividad.
En ese contexto, explicó que la estrategia combina controles operativos en frontera con inteligencia aduanera para focalizar las inspecciones sobre operaciones de mayor riesgo. También señaló la importancia de ampliar la información anticipada sobre cargas y envíos internacionales y destacó la implementación del octavo Protocolo Adicional del MERCOSUR (MIC/DTA digital), que permitirá intercambiar información en línea entre las administraciones aduaneras y mejorar la trazabilidad de los tránsitos internacionales.
Por último, el subsecretario de Ordenamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, Agustín Barcos, informó que las acciones contra la venta ilegal permitieron recuperar más de 650 cuadras en las zonas comerciales de Once y Flores y eliminar alrededor de 7.000 publicaciones ilegales por mes en plataformas digitales.
Empresas alertan sobre el avance del comercio ilícito
El segundo panel analizó las diferencias entre el comercio legal, el comercio gris y el comercio ilícito, con especial foco en el crecimiento de las organizaciones criminales y el impacto sobre las marcas.
Juan José Benítez, de Philip Morris, advirtió que tres de cada diez cigarrillos consumidos en América Latina provienen del comercio ilícito y sostuvo que detrás de esta actividad operan organizaciones criminales de gran escala.
Por su parte, Matías Noretinger, de ASIPI, destacó el valor de la propiedad intelectual y alertó sobre la creciente normalización social del comercio ilegal.
Desde Adidas, Francisco Morelo describió un escenario marcado por el crecimiento de la venta callejera, el social commerce y la producción clandestina, mientras que María Eugenia Mallán, de Motorola, afirmó que uno de cada tres teléfonos celulares utilizados en Argentina proviene del contrabando, convertido ya en una actividad organizada de gran escala.
Sudamérica apuesta por una respuesta coordinada
El tercer panel estuvo dedicado a analizar la situación del comercio ilícito en Sudamérica y reunió a representantes de las principales cámaras empresariales de la región, quienes coincidieron en que se trata de un fenómeno transnacional que requiere una respuesta coordinada entre los países.
Desde Brasil, Roberto Tadros advirtió sobre las dificultades para controlar el contrabando en un territorio que limita con casi toda Sudamérica, con excepción de Ecuador y Chile, y destacó el fuerte impacto económico que este fenómeno genera, estimado entre el 1,5 % y el 2 % del PBI. En ese marco, llamó a avanzar hacia una mayor armonización regional en materia fiscal.
Por su parte, Gonzalo Morales Varsalovic, de Bolivia, vinculó el comercio ilícito con economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal, cuyo peso conjunto —afirmó— podría alcanzar el 50 % del PBI del país.
En representación de Chile, José Pakomio puso el acento en la concientización ciudadana y advirtió que, en muchos casos, los consumidores financian al crimen organizado sin advertirlo al adquirir productos de origen ilegal.
Desde Perú, Silvia Hooker Ortega remarcó la falta de estadísticas confiables y sostuvo que la región necesita desarrollar observatorios y sistemas de medición comunes que permitan dimensionar con mayor precisión el alcance del comercio ilícito.
A su turno, Anabela Aldaz, de Uruguay, afirmó que es momento de pasar del diagnóstico a la acción, fortaleciendo el trabajo conjunto entre las Aduanas, las administraciones tributarias, los ministerios del Interior, las fiscalías y el sector privado. También subrayó la necesidad de generar evidencia y combatir la naturalización del contrabando en las zonas de frontera.
Como resultado del intercambio, las entidades consensuaron una agenda orientada a fortalecer la cooperación. Entre las principales propuestas se destacaron la creación de un índice sudamericano de comercio ilícito, protocolos de alerta temprana, mecanismos seguros de intercambio de información entre cámaras empresariales, agendas legislativas comunes, campañas regionales de concientización y sistemas de datos comparables.
En síntesis, el V Encuentro del Consejo de Asociaciones Empresariales Sudamericanas por el Comercio Lícito ratificó que el combate al comercio ilícito requiere acción regional urgente, con más intercambio de información, coordinación público-privada y fortalecimiento institucional frente a un problema transnacional.
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