Por iniciativa de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el miércoles 1 de julio se llevó a cabo el V Encuentro del Consejo de Asociaciones Empresariales Sudamericanas por el Comercio Lícito. En su carácter de presidente pro tempore del foro, la entidad fue sede del encuentro, que reunió a altos funcionarios, empresarios y especialistas de distintos países de la región para analizar estrategias conjuntas frente a un fenómeno que afecta la economía formal, la recaudación tributaria y la seguridad.
Durante la apertura, el presidente de la CAC, Natalio Grinman, enmarcó la problemática del contrabando en una perspectiva histórica y sostuvo que, aunque sus modalidades han evolucionado, mantiene una lógica estructural que hoy se manifiesta a través del contrabando, la falsificación, el fraude marcario, el comercio informal y la evasión fiscal. Recordó además que Argentina posee más de 9.300 kilómetros de fronteras terrestres, una extensión que complejiza las tareas de control.
Asimismo, advirtió sobre el impacto del comercio electrónico y las plataformas digitales, y cuestionó prácticas como la subfacturación y las importaciones a valores irrisorios, a las que definió como «distorsiones que afectan la competencia leal». Finalmente, destacó la necesidad de fortalecer los controles, la institucionalidad y la cooperación entre el sector público y el privado, subrayando el rol estratégico de la Aduana.
A continuación, el subsecretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto, reafirmó el compromiso del Gobierno nacional en la lucha contra el comercio ilícito. Durante su intervención, sostuvo que el contrabando y el comercio ilícito constituyen una de las principales fuentes de financiamiento del narcotráfico, la trata de personas y el lavado de activos.
Entre las principales acciones destacó el Plan Güemes, implementado en Salta desde diciembre de 2024, que permitió incrementar un 19 % las intervenciones operativas durante los primeros meses de 2026. En ese período se controlaron 766.000 personas y 520.000 vehículos, además del secuestro de 265.000 prendas de vestir, 376.000 unidades de mercadería y 282.000 cartones de cigarrillos.
También mencionó el Plan Guacurarí, en Misiones, donde la presencia de fuerzas federales aumentó un 30 %, junto con mayores controles e incautaciones, sin registrarse homicidios vinculados al sicariato desde octubre del año pasado. A ello sumó el Plan Paraná, desarrollado en Chaco y Corrientes, que reforzó los controles y permitió incrementar las incautaciones de indumentaria, productos electrónicos y autopartes.
El funcionario destacó además la implementación del Protocolo Antibloqueos (Resolución 901/2024), aplicado en 249 intervenciones sobre sectores estratégicos como hidrocarburos, puertos, agroindustria, transporte y la industria automotriz.
Según explicó, la estrategia del Ministerio se basa en la presencia territorial, la inteligencia criminal y la coordinación entre organismos. «No puede haber desarrollo sin seguridad, ni seguridad sin desarrollo», afirmó.
Políticas públicas y fortalecimiento de los controles
El primer panel reunió a más representantes del Gobierno nacional, la Dirección General de Aduanas (DGA) y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quienes expusieron las principales políticas públicas para enfrentar la problemática desde distintos ámbitos de actuación.
Así, el subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Fernando Blanco Muiño, remarcó la necesidad de sostener políticas de largo plazo y profundizar la coordinación entre la Nación, las provincias y los municipios. También subrayó que el Estado debe adaptarse al crecimiento del comercio electrónico y fortalecer el trabajo conjunto con el sector privado para detectar irregularidades, promoviendo una normativa «aplicable y realista».
En representación de la Dirección General de Aduanas, el asesor Diego Figueroa explicó que el organismo, bajo la órbita del Ministerio de Economía, es el encargado de aplicar la legislación relativa a la importación y exportación de mercaderías. En ese marco, destacó que Argentina integra la Organización Mundial de Aduanas (OMA), participa de la Red de Control Aduanero (Customs Enforcement Network – CEN) y de distintos espacios de cooperación y diálogo regional, además de promover mesas de diálogo con el sector privado.
Sobre esa base, describió el proceso de transformación que atraviesa la Aduana, sustentado en tres ejes: la simplificación normativa, la modernización tecnológica y el fortalecimiento del control aduanero.
Asimismo, destacó un desafío que hoy enfrenta no solo la Argentina, sino las administraciones aduaneras de todo el mundo: el fuerte crecimiento del comercio electrónico y de la operatoria de envíos por courier. En el caso argentino, precisó que el volumen pasó de unos 300.000 envíos mensuales a aproximadamente 1,6 millones de paquetes por mes, una expansión que obliga a perfeccionar los sistemas de gestión de riesgo y los criterios de selectividad para mantener un control aduanero eficaz. En este contexto, señaló que estos envíos pequeños y frecuentes resultan más difíciles de detectar, lo que requiere estrategias de control más específicas, basadas en análisis de datos.
En ese contexto, explicó además que la tarea de control combina acciones operativas en frontera con inteligencia aduanera, con el objetivo de focalizar las inspecciones en las operaciones de mayor riesgo y optimizar la capacidad de fiscalización del sistema. No obstante, advirtió que la Aduana mantiene una dotación de recursos humanos similar a la de las décadas de 1970, 1980 y 1990, pese al crecimiento sostenido del comercio exterior, y señaló la necesidad de mejorar la precisión de los equipos de escaneo. Asimismo, destacó la importancia de ampliar el acceso a información anticipada para fortalecer el análisis de riesgo sobre las cargas y los envíos internacionales. Finalmente, resaltó la próxima implementación del octavo Protocolo Adicional del MERCOSUR (MIC/DTA Digital), que permitirá el intercambio de información en línea entre las administraciones aduaneras y mejorará la trazabilidad de los tránsitos internacionales.
Por último, el subsecretario de Ordenamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, Agustín Barcos, detalló las acciones contra la venta ilegal permitieron recuperar más de 650 cuadras en las zonas comerciales de Once y Flores y eliminar alrededor de 7.000 publicaciones ilegales por mes en plataformas digitales.
Empresas alertan sobre el avance del comercio ilícito
Lo cierto es que los grupos del crimen organizado han adoptado técnicas cada vez más sofisticadas para operar y eludir los controles. En ese contexto, el segundo panel analizó las diferencias entre el comercio legal, el comercio gris y el comercio ilícito, con especial foco en el avance de las organizaciones criminales, la vulneración de la propiedad intelectual y el impacto económico que estas actividades generan sobre las empresas y las marcas.
Juan José Benítez, de Philip Morris, advirtió que tres de cada diez cigarrillos consumidos en América Latina provienen del comercio ilícito y sostuvo que detrás de esta actividad operan organizaciones criminales de gran escala.
Por su parte, Matías Noretinger, de ASIPI, destacó el valor de la propiedad intelectual y alertó sobre la creciente normalización social del comercio ilegal.
Desde Adidas, Francisco Morelo describió un escenario marcado por el crecimiento de la venta callejera, el social commerce y la producción clandestina, mientras que María Eugenia Mallán, de Motorola, afirmó que uno de cada tres teléfonos celulares utilizados en Argentina proviene del contrabando, convertido ya en una actividad organizada de gran escala.
Sudamérica apuesta por una respuesta coordinada
Pero la problemática llevó el debate más allá de las fronteras argentinas. El tercer panel estuvo dedicado a analizar la situación del comercio ilícito en Sudamérica y reunió a representantes de las principales cámaras empresariales de la región, quienes coincidieron en que se trata de un fenómeno transnacional que solo puede enfrentarse mediante una mayor cooperación.
Uno de los casos expuestos fue el de Brasil. Roberto Tadros advirtió sobre las dificultades para controlar el contrabando en un país que comparte fronteras con casi toda Sudamérica, salvo Ecuador y Chile. Señaló además que este fenómeno representa un costo económico estimado entre el 1,5 % y el 2 % del PBI brasileño, y sostuvo que es necesario avanzar hacia una mayor armonización regional en materia tributaria.
Por su parte, Gonzalo Morales Varsalovic, de Bolivia, vinculó el comercio ilícito con economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal, cuyo peso conjunto —afirmó— podría alcanzar el 50 % del PBI del país.
En representación de Chile, José Pakomio puso el acento en la concientización ciudadana y advirtió que, en muchos casos, los consumidores financian al crimen organizado sin advertirlo al adquirir productos de origen ilegal.
Desde Perú, Silvia Hooker Ortega remarcó la falta de estadísticas confiables y sostuvo que la región necesita desarrollar observatorios y sistemas de medición comunes que permitan dimensionar con mayor precisión el alcance del comercio ilícito.
Desde Uruguay, Anabela Aldaz afirmó que es momento de pasar del diagnóstico a la acción mediante un mayor trabajo conjunto entre las aduanas, las administraciones tributarias, los ministerios del Interior, las fiscalías y el sector privado. Asimismo, subrayó la importancia de generar evidencia para la toma de decisiones y de combatir la naturalización del contrabando, especialmente en las zonas de frontera.
El encuentro trascendió el diagnóstico y concluyó con una agenda consensuada para fortalecer la cooperación regional frente al comercio ilícito. Entre las principales iniciativas se destacaron la creación de un índice sudamericano de comercio ilícito, la implementación de protocolos de alerta temprana, mecanismos seguros de intercambio de información entre cámaras empresariales, agendas legislativas comunes, campañas regionales de concientización y sistemas de datos comparables.
En síntesis, el V Encuentro del Consejo de Asociaciones Empresariales Sudamericanas por el Comercio Ilícito dejó como principal conclusión que ningún país ni organismo de control puede enfrentar por sí solo esta problemática. Los participantes coincidieron en que una mayor cooperación, el intercambio de información, la articulación entre los sectores público y privado y el fortalecimiento institucional siguen siendo pilares para combatir un fenómeno que trasciende las fronteras nacionales, y que compromete no solo la seguridad del comercio, sino también la seguridad de la sociedad en su conjunto.
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