El segundo día de la Jornada Comex (24.06.2026) dejó una agenda atravesada por tres ejes: logística, trazabilidad y confianza, en un contexto de transformación del comercio exterior que combina facilitación operativa con mayores exigencias de cumplimiento para el private sector. En ese marco, los principales actores del debate fueron depósitos fiscales, asociaciones, cámaras empresarias y bancos.
Miguel Pascucci, representante de la Cámara de Depósitos Fiscales Privados (CADEFIP), destacó el rol de los depósitos fiscales como “una herramienta clave para mejorar la operatoria del comercio exterior y brindar soluciones concretas a importadores y exportadores”. En esa línea, sostuvo que estos predios habilitados por la Aduana (ARCA) para el resguardo de mercadería se consolidaron como un actor central de la logística, en articulación con la Aduana y otros organismos, al permitir optimizar la gestión de la carga, mejorar la previsibilidad y ofrecer alternativas financieras mediante retiros parciales y plazos de permanencia.
Sin embargo, advirtió sobre “restricciones normativas que dificultan la operatoria diaria” y propuso flexibilizar los retiros escalonados de mercadería sin afectar el control aduanero. También cuestionó los costos y demoras asociados a los turnos en terminales portuarias, al señalar que los depósitos fiscales funcionan como un “amortiguador logístico” del sistema.
En materia de exportaciones, pidió simplificar procedimientos que consideró excesivamente rígidos y remarcó que “un depósito fiscal es hoy una instalación altamente controlada y segura”. Como cierre, sostuvo que el desafío es compatibilizar control y facilitación: “los depósitos fiscales quieren ser aliados de los despachantes, importadores, exportadores y agentes de carga”.
MERCOSUR y la Unión Europea
En el marco de las transformaciones del comercio exterior, el Acuerdo Comercial entre el MERCOSUR y la Unión Europea —en aplicación provisional desde el 1° de mayo de 2026— fue otro de los ejes de la jornada.
El Dr. Carlos Lacano, member of ADACE, se refirió a una de sus principales innovaciones: el sistema de autocertificación de origen por parte del exportador. Recordó que el acuerdo es resultado de más de dos décadas de negociación y que su implementación introduce un cambio estructural en la operatoria.
“La certificación de origen deja de estar en manos de entidades habilitadas para pasar al propio exportador”, explicó, al señalar que la declaración podrá incorporarse directamente en la factura comercial u otros documentos equivalentes.
Advirtió, sin embargo, que esta simplificación implica una mayor responsabilidad empresarial. En el caso argentino, la operatoria se canalizará a través del sistema TAD, con requisitos de información detallada, firma digital y conservación de documentación por al menos tres años. También subrayó la importancia de la trazabilidad, ya que el exportador deberá poder demostrar en todo momento el cumplimiento de las reglas de origen. En caso de verificación por parte de autoridades europeas, los plazos de respuesta serán acotados y el incumplimiento podrá derivar en sanciones que incluyen inhabilitaciones de hasta cinco años.
Lacano dejó en claro que, si bien el esquema simplifica procesos, su éxito dependerá del nivel de profesionalización de las empresas y de su capacidad de gestión documental y de información.
El tramo más complejo de la implementación del Acuerdo Interino de Comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea se vincula con el cumplimiento de los requisitos de acceso al mercado europeo. En este punto, la economista Ana Basco, representante de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de la República Argentina (CACIPRA), analizó ante despachantes y operadores los principales desafíos que enfrentarán las empresas exportadoras.
Con una amplia trayectoria en el BID, Basco destacó que el acuerdo se enmarca en un proceso de integración profunda entre dos regiones que representan más del 20% del PBI mundial, aunque con impactos principalmente sectoriales más que macroeconómicos.
En ese sentido, advirtió que la reducción arancelaria es solo una parte del proceso, ya que las principales barreras se concentran en exigencias sanitarias, fitosanitarias, normas técnicas, etiquetado, reglas de origen y requerimientos ambientales y laborales.
En particular, mencionó el impacto del Pacto Verde Europeo, el ajuste de carbono en frontera y las normas contra la deforestación, que obligarán a demostrar una trazabilidad completa del origen de los productos. Fue contundente al señalar que “las empresas deberán evaluar no solo el arancel, sino también el costo de cumplir con todas estas exigencias regulatorias”, y remarcó la necesidad de articulación entre sector público y privado para el aprovechamiento efectivo del acuerdo.
El Acuerdo MERCOSUR–UE, en su capítulo de facilitación del comercio, también reconoce la figura del Authorized Economic Operator (OEA), una herramienta orientada a la seguridad de la cadena logística y a la gestión integral de las mercancías, promoviendo una mayor articulación entre las aduanas y las empresas.
El OEA en Argentina cuenta con un programa nacional específico. Su implementación presenta desafíos operativos, aunque fue destacado como una herramienta central para la competitividad en el marco del acuerdo.
“Estamos en un entorno VICA, muy regulado y con una variedad de interlocutores”, señaló al inicio Alejandro Tersian, de ICC Argentina, al contextualizar el alcance del esquema.
En su exposición, desarrolló los antecedentes del OEA y su vínculo con los estándares internacionales impulsados tras los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, que dieron origen al programa CTPAT y al Marco SAFE de la Organización Mundial de Aduanas. En esa línea, explicó que el OEA surge como respuesta a la necesidad de equilibrar seguridad y facilitación del comercio, y que su desarrollo se inscribe también en el Acuerdo de Facilitación del Comercio.
Asimismo, destacó el uso de las herramientas de la OMA y señaló que el programa OEA nacional en Argentina se encuentra regulado por la normativa vigente (RG 5107/2021), bajo un esquema de cumplimiento, simplificación y seguridad, donde también se integra la figura del despachante dentro de un modelo voluntario basado en la confianza que reconoce a operadores con altos estándares de cumplimiento aduanero, fiscal, financiero y operativo.
Tersian subrayó que su valor central es la generación de confianza entre empresas y aduanas, lo que permite reducir controles, mejorar la previsibilidad y optimizar costos logísticos. Tras detallar beneficios cualitativos y cuantitativos, y su aplicación a las pymes, cerró señalando que la confianza se consolida como una verdadera ventaja competitiva en el comercio global, especialmente en contextos de mayor exigencia regulatoria.
El segundo día de la Jornada Comex dejó así en evidencia la necesidad de avanzar hacia mayor eficiencia logística y apertura comercial, en un escenario de creciente exigencia en materia de trazabilidad, control y cumplimiento.
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