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Un trabajo conjunto entre la Aduana y la Justicia recupera activos para el Estado argentino

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La Aduana ha desarrollado siempre una política activa tendiente a identificar, localizar, cautelar y decomisar bienes y fondos ilícitos. Sobre ello, fuentes oficiales infomaron hoy (06.07.2023) que, gracias al trabajo conjunto entre la Aduana y la Justicia, se ha recuperado el pago de bienes por USD 800 mil producidos por delitos de contrabando, evitando que sean utilizados para financiar futuras actividades delictivas o incorporadas a la economía formal.

«El proceso penal con más de 20 años de antigüedad ha llegado a su conclusión, dado que los acusados pagaron la reparación integral de daño prevista en el Código Penal, afrontando la suma aproximada de 800 mil dólares», dice el comunicado de Aduana.

Ello sucedió en la causa caratulada “PUCHE Raúl, GADALETA Ignacio y otros s/ Infracción Ley 22.415” nro. 1477/2010, que tramitaba ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3″. La misma tenía como eje diversos hechos de contrabando, principalmente subfacturaciones con documentación apócrifa.

La Aduana detalló que las maniobras denunciadas habían involucrado reproductores de DVDs, insumos de computación, autopartes y repuestos automotores, entre otros. Las acciones legales de la Aduana —que comenzaron con una denuncia de subfacturación y, a lo largo de 20 años, acumularon nada menos que 18 causas— señalaban sustitución del sujeto importador y utilización indebida de beneficios impositivos para no pagar tributos de la importación.

La agencia también dijo que luego de dos décadas de litigio y con el riesgo de que los imputados no cumplieran la condena —dada su avanzada edad y los recursos procesales que pudieran presentar—, con el acuerdo de todas las partes (incluyendo el Ministerio Público Fiscal, que tuvo un lugar relevante en el proceso, y la querella) se aceptó la reparación integral del daño, logrando la recuperación de importantes sumas de dinero para el Estado Nacional.

En esa línea, fue destacada esa herramienta de trabajo que obedece a instrumentos modernos de solución alternativa de conflictos en el ámbito penal.

En este sentido, y cumpliendo todos los pasos procesales, la misma fuente oficial indicó que «el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3 ordenó la transferencia de los fondos a la cuenta de la Dirección General de Aduanas-AFIP».

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