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Reglamentan la ley de responsabilidad penal de empresas

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El Gobierno nacional reglamentó la ley 27.401 de reponsabilidad penal aplicable a las personas jurídicas privadas de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal.

La medida se dió a conocer a través del Decreto 277/2018 publicado este viernes (6.4.2018) en el Boletín Oficial .

Según la norma, "el objetivo del régimen es dotar de mayor eficacia a las políticas de prevención y lucha contra la corrupción a través de la generación de incentivos para que las personas jurídicas prevengan la comisión de delitos contra la Administración Pública por medio de la implementación de Programas de Integridad".

Además, la ley se propone adaptar "el sistema penal argentino en materia de delitos de corrupción contra la Administración Pública y el soborno trasnacional a los estándares internacionales a los cuales la Argentina se ha obligado al adherir a la Convensióm sobre la lucha contra el cohecho de funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacioanles". Convención, firmada en el ámbito de la OCDE.

A los efectos de su implementación, la ley de responsabilidad penal para personas jurídicas privadas dispone Programas de Integridad consistentes en acciones, mecanismos y procedimientos internos de promoción de la integridad, supervisión y control, para prevenir, detectar y corregir ilícitos.

Estos Programas de Integridad deberán contener elementos como: a) Un código de ética o de conducta aplicable a todos los directores, administradores y empleados; b) Reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos en el sector público; c) La realización de capacitaciones periódicas sobre el Programa de Integridad

Asimismo, establece en su artículo 3, "la existencia de tal  Programa de Integridad como condición necesaria para contratar con el Estado Nacional" junto con el resto de la documentación que integra la oferta, en la forma y en los términos que en cada proceso de contratación disponga el organismo que realice la convocatoria.

El decreto reglamentario lleva la firma del presidente Maurico Macri, Marcos Peña y Germán Garavano

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