Los resultados de las elecciones para el Parlamento Europeo han generado un sismo en las principales naciones de Europa, mostrando un resurgimiento de espacios políticos de tinte conservador y de extrema derecha.
Sin dudas, este nuevo escenario político europeo aportará nuevas ideas e intereses en el debate sobre uno de los acuerdos comerciales más ambiciosos y prolongados en la historia de las negociaciones internacionales: el tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). Por citar un ejemplo, la tensión política en Francia y la presión de sus agricultores son una clara muestra de la incertidumbre sobre el proceso de ratificación del acuerdo.
El nuevo gobierno de la República Argentina ha sido muy claro y determinante en su posición, y calificó a estas negociaciones como estratégicas para el desarrollo de una nueva política de inserción del país en el concierto de las principales potencias del mundo. La canciller Diana Mondino, en su misión oficial a Bruselas en mayo pasado, ratificó a las máximas autoridades europeas que la firma del Acuerdo es una prioridad para el gobierno argentino, esperando un compromiso similar por parte de la UE.
Con ese objetivo en el horizonte, las políticas públicas de Comercio Exterior de la República Argentina inician una fuerte reforma para su fortalecimiento; verbigracia, se adoptaron medidas tendientes a simplificar y desburocratizar aquellas que regulan la producción del sector agropecuario (1), con el fin de aumentar las exportaciones, impulsar la competencia leal, reducir los costos administrativos y carga impositiva para el sector privado. Así las cosas, a través de la Resolución Nº 50/2024 publicada el 19 de junio, se eliminó la obligatoriedad del registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) para una cantidad de productos, la mayoría de economías regionales.
Por su parte, la UE destaca la prioridad de transformarse en una economía moderna, competitiva y eficiente en el uso de los recursos para dar respuesta a los desafíos del clima y el medio ambiente. Este nuevo paradigma, tomó relevancia con la suscripción de “El Pacto Verde Europeo” con una clara convicción de lograr un cambio radical, en materia ambiental y avanzando en normativa concreta que permita su efectiva aplicación.
Estratégicamente, a través de la promulgación de la regulación 2023/1115 (2) la UE busca minimizar el riesgo ambiental y restringe el ingreso de productos que sean fuente de deforestación en general. Esta normativa no debería pasar desapercibida para nuestro país y, por el contrario, es un profundo llamado de atención y análisis para el Mercosur como bloque negociador.
Según la norma, y cuya fecha de entrada en vigencia operará el 30 de diciembre de este año, cualquier importador del bloque deberá confirmar que los productos que ingresan al mercado europeo e incluidos en la norma están libres de deforestación al 31 de diciembre de 2020. Contempla también la posibilidad de sumar otras tierras bajo tutela, a partir de junio de este año, extendiendo el criterio de zona deforestada a otro tipo de tierras boscosas, evaluando para mediados del año 2025 la viabilidad de incorporar pastizales, turberas y humedales.
Es importante destacar que pesa sobre cada uno de los Estados miembro de la Unión Europea la obligación de dictar los protocolos que aseguren la efectiva implementación de esta normativa. Ahora bien, esta condición importa un elevado riesgo de que, en forma primaria, coexistan criterios variados de control tomando en cuenta la cantidad de aduanas de los países que forman la UE.
Estas nuevas y contundentes reglas de juego, interpelan directamente al Mercosur a realizar un análisis exhaustivo de cada contingente de mercadería que se quiera ingresar a la UE; traduciendo en números el impacto normativo y siguiendo de cerca esta agenda cuyos efectos pueden incidir directamente en su matriz productiva agroganadera.
Como he sostenido en varias oportunidades, la implementación del tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea –uno de los principales inversores mundiales que cuenta con más de cuarenta acuerdos comerciales vigentes– traería beneficios económicos sustanciales para el Mercosur promoviendo inversiones en infraestructura y tecnología, lo cual podría contribuir significativamente al desarrollo económico y social de la región. A su vez, sería una herramienta eficaz para demostrar la vigencia y la relevancia del Mercosur como bloque económico en un momento en que se escuchan voces críticas sobre su funcionamiento y operatividad.
Ahora bien, Mercosur no puede ignorar la normativa contra la deforestación citada que, su pretendido socio Unión Europea ha dado como un primer paso, hacia un mundo que avance en la trazabilidad de la producción y las cadenas de valor. Bien conocida es la disputa que en los últimos 30 años se ha llevado adelante en nuestro país -y otros países de la región– como consecuencia del desarrollo científico de paquetes tecnológicos que optimizan los resultados de cultivos y cría de ganado en zonas antes hostiles. Ello ha enfrentado y puesto en crisis los límites entre la expansión de la frontera agrícola ganadera y la preservación de bosques nativos y ambientes naturales protegidos.
En conclusión, si bien el camino hacia la ratificación está plagado de desafíos y cuestiones de fondo por resolver, un Acuerdo de esta envergadura sería un paso significativo hacia una integración económica global más profunda y sostenible, con el pasaporte de establecerse como proveedores confiables con los nuevos estándares que el mundo reconoce y demanda. La coyuntura en un mundo cambiante, los conflictos geopolíticos y comerciales recientes entre las principales economías mundiales han resaltado la importancia de diversificar y asegurar las cadenas de suministros globales. La oportunidad es ahora y debe ser aprovechada con determinación siguiendo de cerca cómo se mueven las fichas al compás de los nuevos marcos normativos, para tener una visión y acción estratégica.
- Entre las medidas se destacan la reducción en la cantidad de presentaciones anuales ante el Sistema Integral de Simplificación Agrícola (SISA), la Simplificación del Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA), la eliminación del Fideicomiso del Trigo y de los Volúmenes de Equilibrio en Granos, la eliminación de las restricciones a las exportaciones de carne, la derogación del Sistema de Información de Precios Bovinos, entre otras.
- Reglamento (UE) 2023/1115 – Comercialización y Exportación de Materias Primas y Productos Asociados a Deforestación y Degradación Forestal.
Abogada de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Especialización en Abogacía del Estado- Procuración del Tesoro de la Nación. Gerenta de Normas e Instrucciones Comerciales de la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) organismo desconcentrado en el ámbito del Ministerio de Economia. Profesora de la Licenciatura de Comercio Internacional, del Diplomado de Derecho Aduanero y del Posgrado de la Especialización de Negocios Globales de la Universidad CAECE.
