Argentina cuenta con una producción federal de biocombustibles y mantiene una trayectoria destacada en el mercado internacional. En el caso del biodiésel a base de soja, el país es el tercer productor mundial,con gran parte de la producción concentrada en Santa Fe y la provincia de Buenos Aires. Por su parte, el bioetanol, que se destina en su totalidad al mercado interno, se concentra principalmente en Córdoba (39% de la producción, a partir de maíz) y Tucumán (31%, a partir de caña de azúcar), según fuentes oficiales, aprovechando las fortalezas productivas de cada provincia.
En este marco, el martes (30 .09.2025), diferentes cámaras del sector industrial y aceitero expusieron ante la Comisión de Industria y Comercio del Senado sobre la rentabilidad y competitividad del sector y pidieron la aprobación del nuevo proyecto de ley de biocombustibles, que reemplace la Ley 27.640, el actual Marco Regulatorio de Biocombustibles sancionado en 2021.
El sector del biodiésel y la industria aceitera destacó los desafíos para el agregado de valor en origen y reclamó un marco legal que permita potenciar la producción de nuestro país.
Gustavo Idígoras (Ciara-CEC) subrayó que Santa Fe concentra la mayor cantidad de plantas del país, aunque actualmente solo el 10% de la capacidad instalada está activa debido a restricciones legales que fijan precios de manera arbitraria y limitan la venta al mercado interno. “La ley actual no permite industrializar, agregar valor ni generar empleo”, señaló.
El titular de CIARA-CEC agregó que “países como Brasil y Estados Unidos han logrado impulsar la producción mediante políticas progresivas que fomentan la mezcla obligatoria de biocombustibles, mientras que Argentina permanece rezagada”. Según destacó, 58 países en el mundo cuentan con legislaciones similares, pero ninguna aplica restricciones como la actual ley argentina.
Entre los objetivos de la nueva normativa, los empresarios subrayaron:
- Incrementar progresivamente la mezcla obligatoria de biocombustibles, siguiendo modelos exitosos como Brasil e Indonesia.
- Permitir la participación de empresas de todos los tamaños, desde pymes hasta multinacionales, con tecnología nacional e internacional.
- Posicionar a Argentina en los mercados globales de biocombustibles, incluyendo usos aeronáuticos y marítimos, anticipando regulaciones internacionales sobre emisiones.
- Mejorar la competitividad, el valor agregado y los ingresos de los trabajadores de la industria.
“Si no actualizamos la ley, Argentina corre el riesgo de importar biocombustibles mientras nuestro potencial productivo permanece inactivo”, advirtió Idígoras. Por ello, los representantes nacionales —Javier Patiño, integrante de RIA Consultores; Víctor Castro, director ejecutivo de CARBIO; y Axel Boerr, presidente de CAPBA— coincidieron en la necesidad de aprobar un marco legal que fomente la industrialización, la inversión y la expansión del sector, aprovechando la creciente demanda global de biocombustibles y posicionando a Argentina como proveedor competitivo en mercados internacionales estratégicos.
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