La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) publicó un documento de investigación que difunde el progreso en las negociaciones acerca de reglas digitales bajo la Iniciativa de Declaración Conjunta (JSI, por su sigla en inglés) sobre comercio electrónico. Este intercambio comprende la producción, distribución, comercialización, venta o entrega de bienes y servicios por medios electrónicos. Un acuerdo probablemente tendría amplio alcance y cubriría “casi todas las acciones” de los gobiernos en la economía digital.
Un número significativo de miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) está negociando reglas digitales bajo la Iniciativa de Declaración Conjunta (JSI) sobre comercio electrónico. Si bien la OMC continúa desarrollando su tarea en el marco del Programa de Trabajo sobre Comercio Electrónico, el documento aclara que los países reconocen que cualquier iniciativa para negociar reglas del comercio on line está fuera del acuerdo de la OMC: sus mandatos y las negociaciones bajo esa Iniciativa de Declaración Conjunta permanecen “fuera del ámbito de la OMC «. Los resultados de esas negociaciones sobre reglas digitales no tendrán ningún efecto legal en la OMC porque las reglas no son un mandato para las negociaciones allí.
Así, el documento titulado «Iniciativa de declaración conjunta sobre comercio electrónico (JSI): implicaciones económicas y fiscales para el Sur«, destaca las reglas digitales que están negociando los miembros de JSI y que tienen como objetivo el libre flujo de datos transfronterizos, marcos legales obligatorios para transacciones electrónicas, restricciones en la localización de datos, sin aranceles aduaneros sobre transmisiones electrónicas, sin divulgación del código fuente, membresía obligatoria del acuerdo de tecnología de la información (ITA) y expansión de ITA y compromisos obligatorios de trato nacional y acceso a los mercados. Además, el documento analiza las implicancias económicas y fiscales de esas reglas digitales para los países en desarrollo que son miembros de JSI.
La UNCTAD advierte que muchas de estas reglas digitales tienen altos costos de cumplimiento y podrían afectar negativamente la competitividad comercial de los países en desarrollo en la economía digital. Sobre las reglas digitales relacionadas con la facilitación de transacciones electrónicas, por ejemplo, se afirma que la aceptación de las reglas propuestas “restringiría severamente el espacio regulatorio de los gobiernos en la economía digital” y fortalecería el papel que juegan los actores extranjeros, como los inversionistas y exportadores. Las normas negociadas sobre autenticación electrónica y firmas electrónicas elevarían el costo del cumplimiento y colocarían a las empresas nacionales de los países en desarrollo en desventaja en comparación con las empresas extranjeras, que ya utilizan las tecnologías digitales. Sobre las transmisiones electrónicas, el documento establece que cuanto más amplia sea la definición, mayor será la pérdida potencial de ingresos arancelarios para los países en desarrollo: se estima que estos países perderían alrededor de US$ 10 mil millones por año como resultado. El documento también señala que los países menos adelantados (PMA) de la OMC podrían generar cinco veces más ingresos arancelarios que los países desarrollados si se elimina la moratoria sobre los derechos de aduana referidos a las transmisiones electrónicas.
Por otro lado, el Índice de comercio electrónico 2020 entre empresas y consumidores de la UNCTAD, donde Suiza sube a la cima de la clasificación, determina que los PMA ocupan 18 de las 20 posiciones más bajas, lo que sugiere la necesidad de abordar las debilidades de los países rezagados para garantizar un desarrollo inclusivo.
En conclusión, el documento sostiene que los países en desarrollo “necesitan al menos el mismo espacio normativo y regulatorio para construir su infraestructura digital y sus economías digitales que los países desarrollados tenían al comienzo de su avance digital”. La UNCTAD subraya la importancia de conservar el espacio normativo y de políticas para poseer y regular los datos.
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