La Administración General de Puertos (AGP) determinó una reducción del 15% hasta fin de año en las tarifas en dólares que cobra Puerto Buenos Aires, con el objetivo de aliviar el incremento que registraron estos valores como consecuencia de la devaluación del peso con respecto a la moneda estadounidense, que entre mayo de 2018 y agosto de 2019 superó el 122%.
Lo hizo a través de la resolución 148/2019 publicada este martes (15.10.2019) en el Boletín Oficial, que estableció que los valores referidos a la ocupación de inmuebles o espacios que la AGP acuerda en uso, serán liquidados con una bonificación del 15% sobre la correspondiente paridad de la cotización del dólar informada por el Banco Nación, para los conceptos devengados en octubre, noviembre y diciembre de este año.
Al respecto, la resolución destacó que como consecuencia de las últimas devaluaciones del peso, se produjeron distorsiones en varios sectores de la actividad económica del país.
Indicó que si bien dentro de la jurisdicción de Puerto Buenos Aires una importante cantidad de servicios vinculados al comercio exterior se cotizan en dólares, en otros tantos no sucede de la misma manera, por lo que sus valores no se encuentran directamente ligados a la cotización de esa divisa
Puso de relieve que la devaluación del peso respecto del dólar para el período comprendido entre mayo de 2018 y agosto de 2019 fue superior al 122%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó un 71,6% en el mismo período.
Asimismo, señaló que el Índice de Precios Mayoristas registró una suba del 71,4% entre mayo de 2018 y julio de este año.
Ante tal escenario, la AGP recepcionó distintas presentaciones realizadas por permisionarios de predios ubicados en jurisdicción portuaria, cuyos cánones están fijados en dólares, expresando el impacto que las citadas circunstancias generan en sus actividades.
Los cánones por los permisos de uso otorgados se vieron incrementados significativamente en pesos, aumentando los costos fijos y, en consecuencia, pudiendo ocasionar traslaciones a los valores finales abonados por productores nacionales o consumidores, tanto industriales como finales, repercutiendo así en la competitividad como en el bienestar de los mismos.
La normativa subrayó que estas variaciones afectan de modo considerable los servicios prestados por los permisionarios, por lo que se hace necesario instrumentar medidas que acompañen las políticas del gobierno nacional y atemperen los impactos económicos y sociales que estos puedan causar.
En base a la disparidad existente a la fecha entre las variaciones del tipo de cambio y los índices de precios, y desconociéndose la evolución de los mismos en el corto plazo, se considera prudente instrumentar un beneficio tal que no afecte significativamente los ingresos de esta administración portuaria, cumpliendo simultáneamente con el objetivo pretendido.
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