El Gobierno creó el comité federal de lucha contra el contrabando y la falsificación de marcas y designaciones, mediante la resolución conjunta 9/2019 del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Seguridad.
La medida, publicada este miércoles (04.12.2019) en el Boletín Oficial tiene la finalidad de realizar el tratamiento de cuestiones políticas, técnicas y operativas relativas a la lucha contra el contrabando, los delitos complejos y las actividades ilícitas asociadas.
El texto oficial señala que el comité estará integrado por un representante titular y un suplente del Ministerio de Seguridad, Ministerio de Justicia, Instituto Nacional de Propiedad Industrial, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal.
La iniciativa, cumplirá con ciertas funciones como establecer los procedimientos adecuados para tornar aún más efectiva la prevención y lucha contra el comercio ilegal, la fabricación, el comercio y tránsito transfronterizo de mercaderías piratas; promover campañas de sensibilización de la población acerca del efecto nocivo que provoca el consumo de estos productos; proponer programas de capacitación, como así también el dictado de normas y la participación de otros organismos.
“La lucha contra el contrabando, los delitos complejos y las actividades ilícitas asociadas son uno de los ejes centrales prioritarios del Gobierno Nacional, el cual prevé el compromiso de conformar instancias de cooperación que permitan integrar distintos organismos del Estado para elaborar estrategias mancomunadas tendientes a erradicar estos delitos”, explica la resolución.
Asimismo, el texto manifiesta que la falsificación marcaria, y el contrabando de mercaderías según lo dispuesto en el Código Aduanero, deben ser entendidos como un fenómeno que degrada a la sociedad y la calidad de vida de la población, “ocasionando perjuicios económicos a las industrias y a los comercios que ejercen sus actividades de forma lícita, afectando negativamente a la recaudación tributaria, generando desempleo y, en determinados casos, aumentando los riesgos en la seguridad y salud pública”.
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