El Poder Ejecutivo Nacional ha publicado el Decreto 111/2025, que modifica el Decreto 727/2021 y redefine la distribución de los recursos del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP-Fueguina). Esta nueva normativa establece criterios actualizados para la utilización de los aportes obligatorios por parte de las empresas beneficiarias.
La Ley 19.640, que instituyó el régimen de promoción industrial en la provincia en 1972, fue diseñada para reafirmar la soberanía nacional en el entonces Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Para lograr este objetivo, se estableció un marco fiscal y aduanero especial que convirtió a la provincia en un área franca, a excepción de la Isla Grande de Tierra del Fuego, que se constituyó como área aduanera especial. Este régimen permitió la radicación de empresas industriales, generando empleo y fomentando el desarrollo económico y social tanto a nivel regional como nacional. En 2021, mediante el Decreto 727, se extendieron los beneficios hasta 2038, garantizando así la previsibilidad para las empresas instaladas en la isla.
Nuevas pautas
Para facilitar su implementación, el nuevo decreto modifica el artículo 6° del Decreto 727/2021, estableciendo la siguiente distribución:
- El 60% de los aportes obligatorios del fondo se destinará a proyectos productivos, tecnológicos y de capacitación en Tierra del Fuego. Además, se asegura que al menos un tercio de estos recursos beneficie a empresas no incluidas en el Régimen de Promoción de la Ley 19.640.
- El 40% restante se orientará a obras de infraestructura promovidas por la provincia, los municipios y el Estado Nacional, con el objetivo de mejorar la competitividad y reducir costos logísticos.
- Las empresas adheridas al régimen podrán destinar hasta el 40% de su aporte mensual a inversiones propias, siempre que cuenten con la aprobación del Comité Ejecutivo del fondo. Esta medida busca optimizar la asignación de recursos y mejorar su ejecución, sin alterar el espíritu de la normativa vigente.
El decreto entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial el jueves 20 de febrero de 2025.
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