En un escenario de crecientes restricciones fiscales, la mejora de las políticas y los servicios públicos se vuelve prioritaria, posicionando a la integridad —en particular la aduanera— como un eje clave.
En este contexto, la Organización Mundial de Aduanas (OMA) advirtió sobre el impacto del crimen organizado en las administraciones aduaneras durante su participación en el Foro Global sobre Integridad y Anticorrupción de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), realizado recientemente en París.
El Secretario General Adjunto de la OMA, Ricardo Treviño Chapa, advirtió: “Las amenazas, la infiltración y las presiones ejercidas por redes criminales representan un riesgo directo para la integridad institucional y la seguridad del comercio internacional”.
Indicador crítico
En línea con esta advertencia, uno de los datos más relevantes surge de las Encuestas de Percepción de Integridad Aduanera (CIPS): en algunas administraciones, hasta un 20% de los funcionarios declaró haber enfrentado amenazas o presiones por parte del crimen organizado. Este dato pone de relieve la necesidad de fortalecer los marcos de integridad en el ámbito aduanero.
La magnitud del rol aduanero en la economía global refuerza esta preocupación. Las 187 administraciones miembros de la OMA—entre ellas las de América Latina y el Caribe, incluida la Argentina— procesan más del 98% del comercio mundial, lo que posiciona a las aduanas como un actor central del sistema económico internacional. En este sentido, se destacó que muchas políticas públicas comienzan y terminan en las fronteras, donde las aduanas constituyen la primera cara del Estado ante ciudadanos y operadores económicos.
En línea con esta relevancia, el Capítulo 2 del Convenio de Kyoto Revisado define a las aduanas como el servicio gubernamental responsable de administrar la legislación aduanera, recaudar derechos e impuestos y aplicar normas vinculadas a la importación, exportación, tránsito y almacenamiento de mercancías.
Gestión basada en evidencia
En este marco, las declaraciones del Secretario General Adjunto de la OMA se inscribieron en los debates desarrollados durante una sesión del Foro Global sobre Integridad y Anticorrupción (GACIF), organizada por el Programa de Lucha contra la Corrupción y Promoción de la Integridad (A-CIP), uno de los principales programas de desarrollo de capacidades de la organización.
En el panel participaron especialistas de la OCDE, la Cámara de Comercio Internacional, el Servicio Estatal de Aduanas de Ucrania y la OMA, quienes analizaron cómo la construcción de una cultura de integridad en las aduanas puede impulsar el desarrollo económico.
Asimismo, se destacó el valor de los datos y los indicadores de desempeño como herramientas clave para el diseño de políticas de integridad más eficaces. En este punto, se subrayó una debilidad estructural: las aduanas aún no están plenamente incorporadas en numerosas estrategias nacionales anticorrupción.
Para revertir esta situación, los expertos coincidieron en la necesidad de diseñar políticas basadas en evidencia. Contar con datos confiables permite identificar brechas entre los estándares esperados y la práctica real, facilitando la adopción de medidas correctivas más precisas y efectivas.
Frente a este desafío, la OMA destacó el rol de herramientas específicas como las Encuestas de Percepción de Integridad Aduanera (CIPS) y el Mecanismo de Medición del Desempeño (PMM), que permiten generar evidencia, identificar riesgos y fortalecer tanto el diseño como la implementación de políticas de integridad.
En este contexto, las conclusiones del foro fueron claras: fortalecer la integridad no es solo una cuestión ética, sino una condición estratégica para la gestión aduanera moderna. Su consolidación impacta de manera directa en la resiliencia del comercio, la competitividad de las economías y el crecimiento económico sostenible.
No es casual, entonces, que esta visión haya sido incorporada en el Plan Estratégico 2025-2028 de la OMA, donde la integridad se consolida como un principio transversal.
Porque, en definitiva, cuando la integridad falla en frontera, no solo se debilita el control: se compromete todo el sistema, con impacto directo en la recaudación fiscal, la seguridad del comercio y la competitividad del país.
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