El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky citó a 72 funcionarios de la Aduana para que comparezcan a una audiencia convocada en el marco de una causa por contrabando. El magistrado libró un oficio al Director General del organismo, Juan José Gómez Centurión -en los próximos días se irá al Banco Nación- para que arbitre los medios a fin de notificar a los empleados citados.
Además, le dio un plazo de 72 horas para que comunique al juzgado el resultado de la medida encomendada. Los funcionarios involucrados habrían intervenido en las cargas y salidas a plaza de contenedores con mercadería que están siendo objeto de la investigación de Aguinsky.
La audiencia es para poner a disposición de los empleados aduaneros convocados los elementos probatorios colectados hasta el momento, de modo que puedan tomar conocimiento de las pruebas que hay en la causa. En su resolución el juez Aguinsky, señaló que con esa medida se busca preservar el derecho de defensa de quienes se encuentran imputados en una causa cuya investigación es de extrema complejidad.
El magistrado sostuvo que tal complejidad sumada a la circunstancia de que el proceso se encuentra en la etapa de instrucción -que es preparatoria del juicio propiamente dicho- hacen necesario que se le imprima celeridad al trámite.
Aguinsky señaló que el dictamen del fiscal ha mostrado que los funcionarios convocados habrían hecho caso omiso de los deberes de control a su cargo, para tomar intervención concreta en los hechos investigados. En la audiencia, los aduaneros citados podrán aclarar hechos e indicar pruebas que, a su juicio, puedan ser de utilidad para su defensa, el avance de la causa y la determinación de responsabilidades.
La audiencia simultánea a la que deben asistir los 72 funcionarios de la Aduana fue convocada para el próximo 17 de noviembre a las 10 en el Salón de los Derechos Humanos ubicado en la planta baja del Palacio de Tribunales.
La causa se inició por una denuncia de la Procelac y se investiga el presunto contrabando en la importación de textiles. Esta operatoria se habría concretado a través de la presentación de documentación apócrifa o con datos falsos, y habría contado con la participación de funcionarios aduaneros. El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky decretó la inhibición general de bienes de los imputados y les prohibió salir del país.
Fuente: Infobae
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