La Comisión Europea (CE) propuso esta semana nuevas salvaguardas para tratar de tranquilizar a los agricultores y ganaderos de la Unión Europea (UE) ante los temores sobre los posibles efectos de los productos que ingresen desde Latinoamérica, basadas en un reforzamiento de la vigilancia y una reacción rápida ante el aumento de las importaciones o la caída de los precios.
“La propuesta entrega garantías adicionales a los agricultores europeos más allá de las cuotas ya acordadas con MERCOSUR”, explicaron desde la Comisión a través de un comunicado con fecha 7 de octubre de 2025. Los productos sensibles incluyen carne de res, pollo, arroz, miel, huevos, ajo, etanol y azúcar.
Estas medidas se enmarcan en el Acuerdo de Asociación UE-MERCOSUR (EMPA), tratado comercial entre la Unión Europea y los países del MERCOSUR -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay-cuyo objetivo es fomentar el comercio entre ambas regiones, garantizando al mismo tiempo la protección de los productores europeos frente a impactos comerciales negativos.
Entre las medidas se destacan:
- Monitoreo reforzado: “Se enviarán informes semestrales al Consejo y al Parlamento Europeo para identificar riesgos a tiempo”.
- Disparadores claros: Se investigará si los precios de importación son al menos un 10% más bajos que los europeos o si las importaciones crecen más del 10%.
- Respuesta rápida: “Medidas provisionales en 21 días y resolución de investigaciones en cuatro meses”.
Según la CE, esto «permitirá identificar cualquier riesgo en una fase temprana y actuar con rapidez para remediar los posibles impactos negativos». Dichos informes abarcarán el mercado de la Unión y, si procede, también la situación específica de uno o varios Estados miembros.
En este contexto, la Comisión explicó que estas salvaguardias “traducen la cláusula del EMPA en norma vinculante y de cumplimiento inmediato” y que el Reglamento propuesto será ahora examinado por el Parlamento Europeo y el Consejo en el marco del procedimiento legislativo ordinario.
Además, la Comisión avanza con iniciativas complementarias para alinear estándares de producción en pesticidas y bienestar animal, reforzar controles sanitarios y fitosanitarios, y garantizar la estabilidad de ingresos de los agricultores mediante la Política Agrícola Común (PAC) posterior a 2027, con un presupuesto de al menos €300.000 millones y un nuevo fondo de seguridad agrícola de €6.300 millones.
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