Alejo Campos: “La Ley Modelo del PARLATINO es un avance trascendental para combatir el comercio ilícito en la región, hablando el mismo idioma”

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Alejo Campos. Director Regional de Crime Stoppers para el Caribe, Bermuda y América Latina. Foto: Gentileza de Crime Stoppers

Alejo Campos es Licenciado en Ciencias Políticas y Director Regional de Crime Stoppers International para Caribe, Bermuda y América Latina, con sede en Panamá. Vaticina una iniciativa innovadora para luchar contra del comercio ilícito y la delincuencia transnacional en la región; señala que ese  fenómeno complejo, que incluye pluralidad de jurisdicciones y delitos subyacentes que afectan la seguridad nacional e internacional, requiere de respuesta normativa inmediata  que permita abordar el problema del comercio ilícito de manera regional, multisectorial y transversal.

¿Qué contempla la  Ley Modelo para Combatir el Comercio Ilícito y el Crimen Transnacional Organizado aprobada por el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, en febrero de 2021?

Lo primero que contempla la Ley Modelo es la vinculación del comercio ilícito con  el crimen trasnacional organizado. Esto viene de unos siete años atrás, cuando organizaciones como la OCDE, OMA, GAFI y el Departamento de Estado de los Estados Unidos comienzan a publicar documentos basados en evidencias de que el comercio ilícito es una de las fuentes de financiación del crimen trasnacional organizado, el cual no debe verse como un simple contrabando o una falsificación porque detrás de ello hay organizaciones criminales, como Hezbollah y Al-Qaeda, que tienen presencia en la Triple Frontera de América del Sur; y en América Central, organizaciones como la Mara Salvatrucha (MS13) o los Zetas en México.

Con el correr del tiempo las investigaciones se extienden a productos como los cigarrillos, bebidas alcohólicas, medicamentos y en el contexto de la pandemia del COVID-19 a todo lo relacionado con las vitaminas, mascarillas e incluso  materiales que se usan en hospitales.

Los productos de gran demanda que dan altas ganancias con bajo riesgo son los que el crimen organizado usa para falsificar, contrabandear e introducir en los mercados de Latinoamérica y en el mundo.

Teniendo en cuenta esa problemática,  observamos que las aduanas atienden el acto administrativo de la incautación pero no tienen  un abordaje amplio del contrabando. Por lo tanto, fue necesario introducir el crimen organizado trasnacional a una legislación del comercio ilícito para que en la investigación puedan actuar las fiscalías especializadas. Asimismo,  se incluyó la idea de que el comercio ilícito puede ser considerado  como un delito precedente para el blanqueo de capitales porque genera recursos que necesitan blanquearse para poder ser usados. Actualmente en las aduanas comienzan a intervenir las unidades de análisis financiero de los países y a cruzar información.

Esto explica que estemos en una estructura de crimen organizado trasnacional con múltiples jurisdicciones donde intervienen marcos normativos diferentes; es necesario que haya una ley modelo que hable un lenguaje homogéneo para todos en la  región, así el combate al crimen organizado va a ser más efectivo. 

Ellos tienen muy buenos abogados, economistas y financistas; saben encontrar la debilidad jurídica en cada país  y en qué jurisdicción hacer qué.

Por ejemplo, en Panamá es muy fácil contrabandear  porque, para que sea un hecho criminal, la incautación debe ser mayor a quinientos mil  dólares, mientras que en un país como Honduras son dos mil dólares. Ellos conocen las zonas grises y cómo actuar en cada país dentro de la cadena de suministro criminal, que opera exactamente igual que el comercio transnacional legal.

¿El ámbito de aplicación de la ley Modelo incluye a las zonas francas?

La Ley Modelo tiene un apartado especial para las zonas francas,  espacios señalados por  OCDE y GAFI como  caldos de cultivo para el crimen organizado en defraudación aduanera y delitos financieros, por los bajos controles que hay.

 Una experiencia exitosa es la regulación 008/2019 de la Zona Libre de Colón, la segunda más grande del mundo con alto volumen de contenedores, la cual  está confeccionada para cigarrillos y productos farmacéuticos, pero podría  implementarse en otros sectores. Las  empresas que mueven esos productos deben pasar por lugar verificador e indicar dónde compran esos productos y hacia dónde los venden. Esto es importante porque a medida que se tenga la información, se podría compartir con otros países que reciben carga de la Zona Libre  y si la empresa no está registrada, se genera una alerta porque no es una ruta autorizada por la Zona Libre de Colón. Entonces, el apartado de la Ley Modelo tiene que ver con mayores controles sobre las empresas que están en las zonas libres de Colón para fortalecer en forma segura el desarrollo del comercio internacional.

¿Cuáles son los crímenes  y las sanciones penales en la Ley Modelo?

A nivel de sanción penal, la ley marco deja este aspecto a criterio de las legislaciones nacionales. Sí determina ciertas tipologías de delitos del comercio ilícito que no deben ser considerados menores sino delitos graves: aquí está la importancia de la Ley Modelo, entendida como política pública regional. A partir de esto, cada país sabrá qué implica un delito grave.

¿Cómo se aplica la extinción de dominio en la lucha contra el crimen organizado trasnacional?

La extinción de dominio es un instrumento  importante para debilitar la estructura económica del  crimen organizado trasnacional en el territorio. Permite que a estas organizaciones que generan dinero a través del contrabando, el  narcotráfico y/o la trata de personas se les quiten    los activos de origen criminal: propiedades, cuentas bancarias, acciones en empresas, entre otras, para usos sociales como escuelas, hospitales, sedes policiales, o la transformación de  narcolanchas para traslado de personas a zonas alejadas. La extinción de dominio busca ser un mecanismo ágil  en tomar esos bienes en función del Estado.

¿Cómo se combate el comercio ilícito en el comercio electrónico?

El problema en el comercio electrónico  es mucho más grande de lo que pensamos, porque no es un simple sitio web que vende productos ilegales. Atrás, hay una organización ilegal. Las estructuras mencionadas anteriormente han migrado al ciberespacio donde los delitos son difíciles de rastrear: delitos financieros, el comercio electrónico ilegal atado a la inteligencia artificial, los pagos con criptomonedas y otros. Aquí se pierde la trazabilidad del producto. Hoy en día, una persona  se puede esconder  en el ciberespacio con identidades falsas. No todos los países están preparados en conocimientos, recursos técnicos o legislaciones, para avanzar en las investigaciones en el ciberespacio. Entonces, este espacio se está utilizando mucho porque las organizaciones saben de la dificultad de incautar el producto de una cuenta de Instagram, Facebook o Twitter.  Interpol tiene un equipo especializado  que mapea y cierra los sitios de redes sociales y plataformas de dudosa procedencia. El problema es tan grande que las empresas como Amazon y/o Mercado Libre han creado departamentos especiales de lucha contra los ciberdelitos en sus propias plataformas, pero las bandas engañan al sistema de seguridad de estos sitios. Por ello, el combate al comercio  ilícito en el comercio electrónico es complejo. Además,  existe una evasión fiscal mayor que en el comercio físico.  Nuestra recomendación a los Estados es fortalecer los marcos normativos, las investigaciones criminales a través de las fiscalías con conocimientos y herramientas tecnológicas, como también la educación al consumidor.

¿Qué importancia tiene el sector privado en la Ley Modelo del combate al comercio ilícito? ¿En qué puede colaborar?

La Ley  Modelo plantea la creación de un Consejo Público Privado como respuesta a este llamado de cooperación para brindar asesoramiento en el diseño e implementación de políticas dirigidas a la lucha y prevención del comercio ilícito. Se plasma en transferencia  de información, entrenando a la fuerza pública respecto de cómo identificar sus productos cuando son falsos o colaborando con sus equipos de abogados para presentar querellas ante los Ministerios Públicos en tanto sean causas de propiedad intelectual. Hay muchas tareas en que  puede colaborar el sector privado.

¿Y la academia…?

La Ley Modelo incorpora a la academia en un sector particular. A partir de su aprobación se crea la Cátedra de Comercio Ilícito y Crimen Trasnacional Organizado en la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas, como motor de investigaciones académicas a los fines de pensar el problema del comercio ilícito y el crimen transnacional organizado con una visión de mediano y largo plazo.

Mirando el futuro, ¿qué resta por hacer con la Ley Modelo?

En este momento estamos terminando un trabajo de socialización con algunos actores claves para contarles que existe la Ley Modelo contra el crimen organizado trasnacional. Después, avanzaremos en algunos países  como Panamá, Ecuador, República Dominicana y Guatemala donde se están debatiendo reformas de leyes tributarias y de aduanas en donde la Ley Modelo podría permearse con algún articulado. Vale aclarar que la Ley es un marco destinado a inspirar legislaciones  locales con una visión regional respecto de cómo combatir el comercio ilícito, hablando el mismo idioma.

¿Por último, cómo la Ley Modelo podría ayudar a las necesidades de seguridad pública de la Argentina?

Argentina es compleja como todo país federal, con fronteras grandes y realidades como la triple frontera o el río Uruguay que históricamente ha sido la entrada y la salida de ilícitos, y un marco de integración regional sin completar definitivamente. En este contexto, lo importante es fortalecer a las provincias que tienen pasos fronterizos.  Próximamente, abriremos una oficina de Crime Stoppers en Jujuy para coordinar una actuación en el noroeste argentino.

Se necesita generar un cambio cultural en la población, no solo en la Argentina sino también en el resto de los países. Por un lado, hay un mercado del ilícito, que lo hace el ciudadano, vinculado a  la economía familiar. Por otro lado, el comercio ilícito está acompañado de un sistema de valores donde a la gente se le impone el reconocimiento a través del uso de determinadas marcas de lujo a las que  no puede acceder  por el alto costo, entonces las sustituye con  la falsificación.

Para esto, la capacidad estatal se debe amplificar para garantizar y proteger, plenamente, los derechos de los consumidores, en particular los relacionados con el acceso adecuado a información confiable, su educación y seguridad, y el acceso a productos de calidad.