El Gobierno argentino introdujo este jueves (26.06.2025) modificaciones sustanciales a la Ley N.º 26.184, vigente desde 2007, que regula la fabricación, el ensamblado y la importación de pilas y baterías primarias. Los cambios buscan reducir cargas burocráticas, facilitar el comercio internacional y modernizar los procesos de certificación técnica, manteniendo los estándares de seguridad y calidad requeridos para estos productos.
La reforma fue oficializada mediante el Decreto 431/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial. Entre sus principales cambios, se redefinen las autoridades de aplicación de la norma y se habilita la validación de ensayos y certificaciones emitidas por organismos extranjeros, siempre que estén debidamente acreditados y sus estándares sean equivalentes a los exigidos en el país.
De este modo, se elimina la exclusividad que hasta ahora tenía el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) como único organismo autorizado para emitir dichas certificaciones, abriendo el proceso a entidades internacionales reconocidas.
Según el nuevo esquema, la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, dependiente de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, y la Secretaría de Industria y Comercio, del Ministerio de Economía, actuarán como autoridades conjuntas de aplicación.
Además, el decreto establece que “hasta tanto las Autoridades de Aplicación definan, de manera conjunta y coordinada, los procedimientos previstos en el artículo 7° de la Ley N.º 26.184, según la sustitución prevista en el artículo anterior, se deberá continuar aplicando el procedimiento vigente al momento del dictado de la presente medida”. De esta manera, se asegura la continuidad operativa y se evita cualquier interrupción en los procesos de importación y comercialización.
El Ejecutivo justificó la modificación en la necesidad de evitar duplicaciones innecesarias, reducir costos y tiempos de transacción, y mejorar la competitividad de la industria nacional. “La certificación local, cuando ya se ha cumplido con estándares técnicos internacionalmente reconocidos, representa una barrera técnica al comercio que encarece el acceso a nuevas tecnologías”, indica el decreto en sus considerandos.
Esta disposición se enmarca en los principios del Decreto 70/2023, orientado a favorecer la libre circulación de bienes y servicios con menor intervención estatal, y en las facultades conferidas al Poder Ejecutivo por la Ley 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, aseveró la norma.La medida ya está vigente.
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