El reciente consenso alcanzado entre los Estados Parte del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) —integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay—, y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés)—que incluye a Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein— representa una apertura significativa hacia segmentos de consumo sofisticado. No solo elimina aranceles para casi el 97 % del comercio bilateral, sino que también incorpora disciplinas modernas como acumulación de origen, compras públicas, sostenibilidad medioambiental y exigencias sanitarias. En este sentido, el acuerdo va más allá del comercio de bienes e incluye servicios, inversiones, propiedad intelectual, comercio digital y facilitación logística. El texto cubre además un amplio abanico de sectores: propiedad intelectual, mecanismos de defensa comercial y desarrollo sostenible. Además, incluye disposiciones para la facilitación aduanera y cooperación institucional, lo que facilita la integración en cadenas de valor regionales y globales.
Las negociaciones comenzaron formalmente en enero de 2017 tras la firma de una declaración conjunta que cerró la fase exploratoria. La primera ronda tuvo lugar en junio de ese año en Buenos Aires, seguida por sucesivos encuentros en Ginebra y otras capitales de los Estados Parte. A lo largo de 2018 y 2019, se abordaron aspectos centrales como comercio de bienes, reglas de origen, servicios e inversiones, propiedad intelectual y compras públicas. En agosto de 2019 se anunció la conclusión sustantiva de las negociaciones. Posteriormente, en febrero de 2020, tuvo lugar una reunión de revisión legal en Buenos Aires. Las demoras propias de los procesos internos fueron superadas con un renovado impulso político en 2022 y sucesivas rondas técnicas en 2024 y 2025. Finalmente, en abril de 2025, se cerraron todos los capítulos pendientes, permitiendo su firma y apertura al proceso de ratificación.
Acceder al mercado de la EFTA representa una oportunidad estratégica para los productos originarios del MERCOSUR, no solo por el desmantelamiento arancelario, sino por el valor agregado cualitativo que ofrece esta región. Se trata de economías con alto poder adquisitivo, exigentes en términos de calidad, sostenibilidad y trazabilidad, donde los consumidores priorizan productos diferenciados, con certificaciones de origen, producción ética y bajo impacto ambiental. Exportar a la EFTA no solo implica mayores precios por unidad vendida, sino también posicionamiento reputacional, acceso a canales premium y posibilidad de establecer relaciones comerciales estables con socios confiables en un entorno regulatorio claro y predecible. Para las empresas radicadas en los países del MERCOSUR, esto significa una puerta de entrada a segmentos de alto valor donde la competencia no se basa únicamente en precios, sino en identidad, innovación, sustentabilidad y confianza.
El acuerdo también abre oportunidades diversificadas para las empresas argentinas. En el sector agroindustrial, las pymes ya exportadoras pueden aprovechar los cupos preferenciales en productos como carne, miel, vinos y frutas para ingresar o ampliar su presencia en mercados sofisticados como Suiza, donde el ingreso per cápita supera los USD 80.000 y la demanda se orienta hacia bienes de alto valor agregado y estándares diferenciados. Por otro lado, el capítulo de facilitación comercial y acumulación de origen permite a operadores logísticos argentinos ofrecer servicios especializados como transporte multimodal, trazabilidad y refrigeración, agregando valor en cada eslabón de la cadena exportadora. Además, la apertura del mercado de compras públicas de los países EFTA habilita a empresas argentinas de tecnología, servicios o ingeniería a competir por contratos institucionales en plazas exigentes, pero aún poco exploradas como Noruega y Suiza, consolidando una estrategia de internacionalización más amplia y sofisticada.
A diferencia del acuerdo con la Unión Europea, que enfrenta complejidades políticas internas en el bloque europeo, el compromiso con EFTA enfrenta menor resistencia y promete una entrada en vigor más expedita. Esto permitirá a las empresas argentinas planificar con antelación el aprovechamiento de las preferencias negociadas, incluyendo las disposiciones arancelarias, regulatorias y de origen.
Tras la conclusión técnica de las negociaciones, el acuerdo debe seguir los pasos formales: revisión jurídica (legal scrubbing), firma oficial por los gobiernos, y luego la ratificación parlamentaria conforme a los procedimientos constitucionales de cada Estado Parte. Una vez que al menos un país de cada bloque haya ratificado, el tratado podrá entrar en vigor de manera provisional, hasta alcanzar la plena ratificación por todos los miembros.
Mientras tanto, las empresas argentinas pueden comenzar a prepararse identificando los bienes con ventajas competitivas y cupos negociados —como miel, frutas exóticas o pescado congelado—; estableciendo alianzas entre exportadores y operadores logísticos para optimizar el cumplimiento de requisitos de origen y calidad; desarrollando capacidades normativas (ISO, certificaciones) para participar en compras públicas; e incluso planificando una internacionalización geográficamente diversificada que contemple a EFTA como una vía complementaria ante posibles demoras con la Unión Europea. Así, el acuerdo Mercosur–EFTA se posiciona como una herramienta concreta y oportuna para reposicionar la oferta exportable argentina en un escenario global competitivo y segmentado.
Lautaro M. Ramirez es Abogado, Magister en Integración Latinoamericana y Especialista en políticas de integración de la Universidad Nacional de La Plata. Diploma en comercio y ambiente de la American University, Washington DC y con un Postgrado en “Derecho, Economía y Política en perspectiva comparada: Unión Europea y MERCOSUR” por la Universitá Degli Studi di Bari, Italia.
En el sector Público Argentino fue Asesor Técnico del Ministerio de Agricultura de la Nación, en las negociaciones del Acuerdo MERCOSUR –UE (2009-2010), del Ministerio de Producción de la Nación para el cumplimiento del caso en la OMC DS438: Argentina — Medidas que afectan a la importación de mercancías (2015-2016), Director de Comercio de la Provincia de Buenos Aires (2017-2018) y asesor de la Agencia de Promoción de Inversiones y Comercio Exterior. Se desempeñó como Relator de la Comisión de Comercio Exterior de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires (2019-2021).
En el ámbito internacional fue asesor legal y consultor de diversos organismos internacionales en integración económica regional y acceso a mercados, tales como ALADI, OEA, BID-INTAL, SELA, OMC, entre otros. Es profesor de grado y postgrado en Argentina y en el extranjero. Es titular de la consultora L3comex y asociado en Insight LAC.
