miércoles 22 de noviembre de 2017
Edición Nº 262 - Aduananews.com - Número de Registro DNDA: 5107675 - Copyright 2001 Aduananews.com / Aduananews.com.ar - Todos los derechos reservados
Edición Nº 262 - Aduananews.com - Número de Registro DNDA: 5107675 - Copyright 2001 Aduananews.com / Aduananews.com.ar - Todos los derechos reservados

Criterio para establecer moneda de pago en devoluciones aduaneras.

Corte Suprema de Justicia de la Nación
Fallo C 1242 XLIX - 15.05.2014
“Procedente el recurso extraordinario - Revoca sentencia - Repetición de lo abonado - Arancel externo común adicional transitorio - Decisión 6/01 - Consejo Mercado Común - Decreto 690/02 - Ley 23.905 - Alcance del art. 20 - Moneda de pago”

Comentario doctrinario : Si
http://www.csjn.gov.ar/docus/documentos/verdoc.jsp

Derechos de exportación: Quedarían sin fundamentos los reclamos de devolución de retenciones intrazonas

Con la incorporación del Código Aduanero del Mercosur a la legislación Argentina, podrían dejar sin sustento los pedidos de devolución del derecho de exportación aplicados a operaciones aduaneras intrazona. 

Al presentar su exposición en la comisión de Relaciones exteriores del senado, dejo en claro que "el Código Aduanero del MERCOSUR no trata sobre derechos de exportación" y cada país continuará aplicando sus regímenes locales.

La Frase

“Todo este marco normativo implico en los hechos una prohibición arbitraria, discriminatoria y discrecional a la compra de divisas o billetes extranjeros, constituyendo un burla a los derechos de los habitantes de nuestro país”.Así sentenció el Juez Alfredo López, titular del Juzgado Federal 4 de Mar del Plata ante una acción de amparo entablada por ciudadanos argentinos.

Derechos de exportación y beneficios promocionales a la exportación de PyMES

“Para desenvolverse con éxito en el tormentoso contexto actual de los negocios, las empresas deben tener la velocidad del atún, que se desplaza raudamente en los mares, la flexibilidad del bambú, que se dobla y adapta, y la fortaleza del cerezo, que con sus raíces resiste la fuerza de los vientos.”

Máxima japonesa

I.- INTRODUCCION. CONSIDERACIONES PREVIAS.

El desempeño de este tipo de empresas  PyMEs en materia de comercio exterior ha sido relacionado en este país al tipo de cambio adoptado por el Estado, para resumir las causales de su bajo desempeño en la última década. Esta misma razón sirve, a su vez, para justificar el prometedor rendimiento de las exportaciones en las PyMEs desde la salida de la convertibilidad. Sin dejar de considerar este importante cambio en la moneda argentina, de ninguna manera puede suponerse que será la única y mejor estrategia de crecimiento en el comercio exterior.

Las llamadas “retenciones” son en realidad derechos aduaneros aplicables a las exportaciones

1.- Introducción

Las “retenciones” son los derechos de exportación que gravan las mercaderías que se destinan al exterior por tiempo indeterminado; es decir, las exportaciones a consumo.
La denominación de “retenciones”  proviene de la operativa vigente en una época en la cual estas se descontaban al exportador al momento del ingreso de las divisas producidas por su exportación.

Actualmente,  pueden ser pagadas al momento de registrar el permiso de embarque ante la aduana o garantizarlos y pagarlos al momento de ingresar las divisas

Hasta aquí el tema no arrojaría mayores inconvenientes  y pasaría inadvertido para las personas ajenas al comercio exterior, si no fuera por la extraordinaria repercusión que han tenido estos tributos con motivo de su aplicación a las exportaciones de productos agropecuarios y el notable incremento que han sufrido en los últimos tiempos, originando una protesta social de magnitud.

Licencias de importación - Cuando la mora administrativa afecta derechos privados

Los operadores del comercio internacional entienden de qué se trata, pero podemos recordar en qué consiste. Se entiende por licencia de importación al procedimiento administrativo que tiene por objeto la presentación de una solicitud, como condición necesaria para la introducción al territorio aduanero de cierta mercadería que se vaya a importar. Podemos dividir esto en dos categorías principales, a saber: a) licencias automáticas y b) licencias no automáticas. Pero también recordemos que están alcanzadas por normas de carácter internacional, ratificadas por nuestro país.

Los derechos de propiedad intelectual: Su falsificación y piratería

En materia de propiedad intelectual en la década de los 60 y 70 se comenzó internacionalmente ha advertir la necesidad de protección de los derechos de ella derivados,  lo cual se plasmó en el Convenio de Roma de 1961 sobre Derechos de reproducción de artistas y grabaciones, el Convenio de París de 1967 sobre Propiedad Industrial y marcas registradas, y el Convenio de Berna de 1971 sobre derechos de reproducción entre otros. Sin embargo en las dos últimas décadas, como consecuencia de la globalización y los avances en materia de tecnología, se ha puesto de manifiesto que el crecimiento del comercio internacional  hace  necesariamente prioritaria la mentada protección, tanto desde el punto de vista estrictamente económico, como desde el punto de vista social y cultural.

Obviamente, el enfoque de la protección y el rol que se otorgue a los derechos derivados de la  propiedad intelectual variará según nos encontremos en un país de los denominados desarrollados o en desarrollo.

Segundo encuentro de aduanas sobre protección de derechos de propiedad intelectual

Dos son las conclusiones que rescato del encuentro de la referencia, que considero merecen aunque mas no sea una pequeña mención de este autor.
La primera de ellas, es la que refiere al reconocimiento formulado por empresarios y abogados especializados en la materia, en cuanto a que la falsificación marcaria es “el delito del siglo XXI”,- como desde hace tanto tiempo vengo mencionando y advirtiendo desde distintas columnas-, y que como tal, y en atención a la evolución que experimentó este fraude en los últimos años y el grave perjuicio que ocasiona, merece penas mucho mas severas, acordes con delitos de la misma gravedad, como sucede en otras partes del mundo; en la actualidad, las penas que contempla la ley de marcas, no son suficientes. Esto ya resulta claro y concluyente y no resiste crítica seria ninguna.

En otras palabras, por primera vez parece que estamos todos contestes en que hay que cumplir de una vez por todas, con las exigencias del Acuerdo TRIPs, mas concretamente con lo que establece su art. 61 y generar así un proceso penal que contemple penas de prisión y multas suficientemente disuasorias para delitos con estas características.

Este despertar de empresarios y colegas a la necesidad de modificar la actual legislación y adecuarla a los tiempos que corren, -que ciertamente saludamos con alegría-, no es algo espontáneo, sino que es la consecuencia de un largo camino que hemos tenido que transitar y debemos continuar caminando, educando y concientizando, y hasta a veces discutiendo en voz alta, sobre la nueva realidad de este delito y los métodos y herramientas necesarios para combatir el flagelo en debida forma. Vaya una vez más nuestro reconocimiento a la AFIP en este sentido, quién ha sido pionera en esta lucha y en la búsqueda de nuevas leyes y reglamentaciones que coadyuven a modificar el actual y pernicioso status quo, en el que tan favorecido se ve el crimen organizado, a expensas de un delito altamente peligroso y rentable a la vez, que no observa todavía sanción ni penalidad alguna para el delincuente, y no encuentra por ende, el limite que se le impone o debiera imponer.

La segunda conclusión que creo importante rescatar y destacar del debate de ideas realizado, es la que comprende a los jueces federales y fiscales que participaron del encuentro, que compartieron la idea que ya expusiera con anterioridad y originalidad, en este mismo ámbito y en otros, el Fiscal Martín López Perrando, en cuanto a la necesidad de crear una fiscalía especial para entender en esta clase de delitos.

Recordemos que dicho proyecto que le fuera oportunamente presentado al Procurador General, fue desestimado en la órbita de la Procuración, por sugerencia del Director de Política Criminal, por entender entre otros motivos, que la idea presentada respondía a un juicio valorativo individual del fiscal proponente. Lamentablemente el equivoco en la interpretación del fiscal general a este respecto,- resulta claro que la idea es compartida también por otros magistrados y funcionarios federales-, que no alcanzó a dimensionar la gravedad del problema, ni el reclamo de los actores interesados, tanto desde el sector privado como del público, motivó que el proyecto fuera ingresado como proyecto de ley en la órbita del poder legislativo, de la mano del diputado Cristian Ritondo; lo que naturalmente, va a demorar su puesta en marcha.

De todas maneras, lo gratificante del encuentro, es que el diagnostico de lo que sucede está, y que las ideas para revertir el problema también existen y van cobrando fuerza y forma. Solo hay que insistir en ellas, hasta lograr que dejen de ser tan solo buenas intenciones para convertirse en leyes y realidades. Por fin estamos en el camino.

Dr. Roberto J. Porcel
Porcel & Cabo Abogado
Socio

www.porcelycabo.com

Problemas relacionados con la aplicación de los derechos de aduana en el tiempo

El principio de legalidad en materia tributaria, asegurado por los arts. 4º, 17, 19, 29 y 75 [1] y [2] de la Constitución Nacional, establece que sólo el Congreso de la Nación, las legislaturas provinciales y los concejos municipales, cada uno de ellos en el ámbito de sus respectivas competencias, pueden imponer cargas tributarias a la población a través de una ley.

Este principio conduce a una primera consecuencia, harto importante: si no hay tributo sin ley, la ley debe ser anterior al hecho imponible. De ahí que las leyes que crean o modifican tributos, dice Bidart Campos, no pueden crear o agravar el hecho imponible retroactivamente. Y si un hecho no es imponible conforme a la ley fiscal vigente al tiempo de producirse, hay ”derecho adquirido” a quedar libre de obligación respecto del mismo hecho1.

Cabe señalar, sin embargo, que a diferencia del principio constitucional de reserva en materia penal, según el cual ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en “ley anterior al hecho del proceso” (art. 18), ninguna disposición constitucional establece, de manera explícita, que la ley tributaria también deba ser anterior al hecho imponible.